En medio de las críticas de agricultores y de los cuestionamientos de que fue objeto, la iniciativa presidencial para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales (LAN), será modificada en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó que dicha propuesta tendrá cambios luego de las audiencias públicas organizadas por la Comisión de Recursos Hidráulicos de dicho órgano legislativo.
Uno de los temas más reiterados en estos foros fue el de las concesiones, herencias y transmisiones de derechos, así como el funcionamiento de los organismos de cuenca y del Registro Público del Agua.
“La iniciativa sufrirá cambios sustanciales para atender las inquietudes planteadas por usuarios del sector urbano, industrial y agrícola”, recalcó.
Indicó que en el foro que se realizó durante cuatro días se recibieron más de 450 ponencias, cuyos planteamientos ya están siendo considerados en la elaboración del dictamen.
Monreal aseguró que mantiene diálogo permanente con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para
construir una propuesta que respete los derechos adquiridos y que permita que en casos de sucesión o transferencia de propiedad, el agua mantenga las mismas condiciones de tiempo y volumen que la concesión original. También adelantó que se revisará el planteamiento de vincular la tierra al recurso hídrico en operaciones de venta o transmisión”.
Cabe mencionar que durante los fotos, en el Grupo de trabajo Zona Centro, la
diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI), manifestó que “la reforma que está sobre la mesa no es técnica, es de concentración de poder que pone en riesgo derechos, genera incertidumbre y abre la puerta a decisiones discrecionales”, subrayó.
Lamentó que hoy el tema central del debate no es el derecho humano al agua sino la reforma a la LAN, “que amenaza directamente la vida del campo, de los núcleos agrarios, comunidades indígenas y afromexicanas y de millones de usuarios rurales que dependen del agua para vivir y producir”.
Por su parte, el diputado José Narro Céspedes (Morena) explicó que la reforma constitucional obliga a hacer una sola ley, pero aclaró que no está en contra de la concentración a fin de poner orden pues hay mucha corrupción donde se daban concesiones y se autorizaban pozos.
La iniciativa –aseguró– no ataca el problema de la concentración del agua y la privatización que ya se vive, además de que actualmente hay un grupo que se ha apoderado de este líquido, que son los grandes dueños de mineras, lecheras, refresqueras y embotelladoras de agua.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional en Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Campesinos y Colonos, Alfonso Garzón Martínez, mencionó que la iniciativa genera preocupaciones por las restricciones que podrían impactar negativamente la viabilidad económica y operativa del campo.
Patricia Ávila García, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el mandato constitucional debería ser el de tener una sola ley que incluya tanto el derecho humano al agua como el tema de concesiones y asignaciones de agua.
En el encuentro, los ponentes pidieron que se incluya dentro del nuevo marco legal la figura del sector de producción e indicaron que es indispensable la participación de la sociedad en la toma de decisiones que a corto y largo plazo modifiquen el destino de las comunidades, poblaciones y ciudades, y que den lugar a armonizar la sana convivencia con el bienestar social, el proceder político y el desarrollo económico.
Resaltaron que la experiencia de las comunidades agrarias y pueblos indígenas y afromexicanos demuestra que el régimen jurídico vigente del agua centrado en concesiones y trámites administrativos no ha garantizado los derechos colectivos.
Entre las diversas propuestas sugirieron se incorpore al proyecto de ley el reconocimiento pleno de los derechos colectivos al agua y advirtieron que una reforma que ignore los derechos históricos de ejidos y comunidades seguirá permitiendo concesiones privadas sobre manantiales comunitarios, que la autoridad desconozca sistemas de gestión indígena y comunitaria y continuará vulnerando el derecho humano a este recurso.
Puntualizaron que se requiere que los pueblos originarios tengan el derecho a la administración del agua y realizarlo a través de los sistemas comunitarios de agua, evitando que sean cooptados por asociaciones civiles que lucran con el líquido.
En diversas participaciones los expositores externaron que no es viable tener dos leyes del agua al mismo tiempo, ya que habrá más burocracia, costos y carga administrativa, además de que la planeación hídrica se va a debilitar.
Grupo de trabajo Zona Norte
La diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) señaló que los representantes de la zona norte han realizado buenas propuestas que se verán reflejadas en la nueva LAN.
El diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM), a nombre de productores de Chihuahua, expresó inquietudes como la posible eliminación de la transmisión de derechos de agua en casos legítimos, la condicionante de que las prórrogas dependan de la disponibilidad del recurso al momento del trámite y la intención de aplicar disposiciones con efectos retroactivos, en contravención del principio constitucional.
El presidente de la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras, Jorge Agustín Chinolla Gamez, subrayó la importancia de reconocer y regular las norias y pozos domésticos en comunidades rurales, indígenas y afromexicanas para garantizar el derecho humano al agua sin trámites excesivos o barreras burocráticas.
Del Distrito de Riego del Río Mayo, Alejandro Olea Guereña sugirió la transmisión de derechos, proporcionar el uso temporal a terceros para fines agrícolas o ganaderos, facilitar solicitudes de prórrogas, premiar a usuarios que inviertan en la tecnificación de riego y eliminar la aplicación retroactiva de trámites pendientes ante la Conagua.
María Elizabeth Estrada Macías, de la Contraloría Autónoma del Agua de La Laguna, pidió:
incorporar el reconocimiento de los derechos colectivos al agua, que deben ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, así como priorizar la asignación de volúmenes para ejidos, comunidades y pueblos cuando existan cuencas o acuíferos con disponibilidad”.
Participaron también ejidatarios de Jalisco y Tamaulipas, quienes propusieron incorporar los conceptos de justicia hídrica y la vinculación expresa del derecho a la alimentación con la protección del agua agrícola, mediante la creación de un artículo que preserve los derechos de ejidos, así como un registro de derechos al agua para pueblos indígenas comunitarios, núcleos agrarios y productores.
Grupo de trabajo Zona Sur
En este grupo de trabajo, la diputada Rosa María Castro Salinas (Morena), propuso adicionar un párrafo segundo al artículo 9 para asegurar que cualquier acción, plan o programa considere la situación específica de las comunidades indígenas y afromexicanas, bajo el principio de progresividad, no regresión, así como el de no discriminación.
También de Morena, la diputada Irma Juan Carlos aseguró que el derecho humano al agua debe ser un garante del Gobierno Federal. Pidió incorporar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el Consejo Técnico Consultivo, así como a las alcaldías y autoridades indígenas en la definición de las vocalías y garantizar la participación con voz y voto de los pueblos en los organismos de cuenca.
Rosita Martínez Facundo, presidenta del Consejo Consultivo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos, refirió que actualmente la LAN no integra el concepto de “pueblos indígenas y afromexicanos”. Agregó que es necesario incluir esta denominación, ya que el agua es un recurso vital para los pueblos y su protección es fundamental para garantizar su supervivencia y bienestar.
Fuente: Cámara de Diputados
Fuente original: https://imagenagropecuaria.com/2025/diputados-modificaran-ley-de-aguas-nacionales-del-ejecutivo/
